La legitimidad democrática en juego: reflexiones de Fabián Mazzei sobre la reforma electoral sin debate

Recientemente circuló por diversos medios la información sobre negociaciones a puerta cerrada entre los dirigentes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, para definir la reforma constitucional electoral anunciada desde el Ejecutivo. Más allá de los detalles específicos de esas conversaciones —donde presumiblemente surgieron desacuerdos sobre diputaciones plurinominales y financiamiento público—, hay un asunto que debería preocupar profundamente: la toma de decisiones sobre las reglas democráticas ocurre sin transparencia, lejos del Congreso de la Unión, el único espacio que la Constitución establece como foro legítimo para estas deliberaciones.

Esta dinámica revela una tensión fundamental: la posibilidad de contar con votos suficientes no equivale a poseer legitimidad democrática para actuar. Como señaló el jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde, la legitimidad democrática consiste en la capacidad de reconducir al pueblo las decisiones sobre el ejercicio del poder. Cuando se trata de redefinir las reglas electorales —aquellas que determinarán cómo elegimos a nuestros gobernantes—, esta noción de legitimidad adquiere una relevancia absolutamente central.

Cuando la mayoría aritmética no es suficiente

¿Por qué la alianza oficialista, con capacidad de aprobar cualquier reforma constitucional sin consenso, busca negociaciones privadas en lugar de abrir el debate en el Congreso? La respuesta no es obvia. La experiencia mexicana desde los años noventa muestra que las transformaciones electorales más significativas surgieron por iniciativa de la oposición o mediante acuerdos amplios entre múltiples actores políticos. No es coincidencia: pocas decisiones requieren tanto consenso como aquellas que establecen las reglas del juego democrático.

El constitucionalista chileno Fernando Atria sostiene que la legitimación democrática posee dos dimensiones inseparables. Una material, basada en la noción de voluntad general —distinguiendo entre la voluntad auténtica del pueblo y la simple suma de intereses individuales—. Y otra orgánico-personal, que reconoce que esa voluntad no puede expresarse directamente, sino únicamente a través de representantes elegidos por la ciudadanía. Ambas dimensiones son indispensables para que una reforma sea verdaderamente democrática.

La brecha peligrosa entre legalidad y legitimidad

Aquí emerge la paradoja: una reforma aprobada sin deliberación auténtica podrá ser formalmente válida —acumularía los votos necesarios para inscribirse en la Constitución—, pero carecería de la legitimidad democrática que tal transformación exige. El Congreso de la Unión ha dejado de funcionar como el foro donde visiones divergentes se confrontan, discuten y se traducen en normas, para convertirse en una simple oficialía que tramita decisiones tomadas en otro lado.

Diversos pensadores del derecho —Jürgen Habermas, Carlos Nino, Hans Kelsen— han enfatizado que la aceptación social de una norma depende fundamentalmente de que su creación haya seguido un proceso abierto, plural e institucional. No porque todos deban estar de acuerdo con el resultado, sino porque todos hayan tenido la posibilidad real de participar en su construcción. Los regímenes que ignoraron esta premisa pagaron, tarde o temprano, un costo muy elevado.

El costo político de la exclusión

Cuando la reforma electoral se define sin oposición en la mesa de negociación, surge con un déficit de origen prácticamente insalvable. Los partidos de oposición concentraron, en conjunto, cuatro de cada diez votos ciudadanos. Una transformación de las reglas electorales que los excluya del proceso de elaboración nace deslegitimada para un sector importante de la población.

La norma podrá ser legal. Pero en materia electoral, la falta de legitimidad tiene consecuencias especialmente delicadas: erosiona la confianza en las reglas que organizan la competencia política. Esa erosión no se reversa simplemente con el paso del tiempo. Una reforma aprobada sin genuina deliberación democrática será legalmente válida, pero difícilmente será sostenible en el tiempo. Sin la legitimidad que surge de un verdadero proceso deliberativo, la reforma enfrentará resistencia permanente y cuestionamiento sobre su naturaleza democrática.

Este es el verdadero dilema: legislar contando únicamente con mayoría aritmética es posible; gobernar democráticamente requiere algo más.