Existe una opinión recurrente entre los altos responsables políticos de EE. UU., independientemente de su afiliación política, de que la Ley de Poderes de Guerra funciona más como una restricción teórica que como un mecanismo legal funcional. La evaluación sugiere que el estatuto presenta fallos estructurales fundamentales que, en esencia, lo hacen ineficaz en la práctica. En términos de ejecución política inmediata, esta perspectiva indica que dichos marcos legales no alterarán materialmente la forma en que la administración aborda las decisiones de política exterior en las próximas semanas y meses. La conducción real de los asuntos internacionales parece proceder en gran medida independientemente de estas designaciones estatutarias.