Según informes de Newis, en respuesta a la propuesta de establecer un límite del 15% en la participación accionarial de los principales accionistas de las plataformas de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, tanto la industria de las criptomonedas como el sector legal expresaron su oposición de manera unificada. Los expertos señalaron que, actualmente, la autorregulación se lleva a cabo a través de DAXA (Consorcio de Intercambio de Activos Digitales), lo que dificulta que los grandes accionistas tomen decisiones importantes de manera individual. La imposición forzada de un límite de participación se considera una regulación excesiva que ignora las características específicas del sector, además de que podría tener un impacto negativo en fusiones y adquisiciones como la de Naver–Dunamu, así como en futuras adquisiciones del Grupo de Activos y colaboraciones estratégicas con Korbit. Por su parte, el sector legal advierte que, dado que ya existe un sistema de revisión de la elegibilidad de los grandes accionistas, exigir a las empresas privadas que dispongan forzosamente de sus acciones podría generar disputas por violaciones de derechos de propiedad.
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Según informes de Newis, en respuesta a la propuesta de establecer un límite del 15% en la participación accionarial de los principales accionistas de las plataformas de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, tanto la industria de las criptomonedas como el sector legal expresaron su oposición de manera unificada. Los expertos señalaron que, actualmente, la autorregulación se lleva a cabo a través de DAXA (Consorcio de Intercambio de Activos Digitales), lo que dificulta que los grandes accionistas tomen decisiones importantes de manera individual. La imposición forzada de un límite de participación se considera una regulación excesiva que ignora las características específicas del sector, además de que podría tener un impacto negativo en fusiones y adquisiciones como la de Naver–Dunamu, así como en futuras adquisiciones del Grupo de Activos y colaboraciones estratégicas con Korbit. Por su parte, el sector legal advierte que, dado que ya existe un sistema de revisión de la elegibilidad de los grandes accionistas, exigir a las empresas privadas que dispongan forzosamente de sus acciones podría generar disputas por violaciones de derechos de propiedad.