Un guion de contraste interesante está en marcha. Un departamento judicial acaba de vender 57 BTC vinculados a una dirección de la billetera Samourai, por un valor aproximado de 6,3 millones de dólares. Justo cuando ocurrió esta transacción, los altos mandos acababan de firmar una orden administrativa para establecer una «Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin», que prohíbe claramente al gobierno vender los BTC en posesión. La realidad dista mucho de la perfección: por un lado, quieren acumular Bitcoin, y por otro, están vendiendo en el mercado. Esta operación ha dejado a muchos en la industria sin entender, ¿es por la confusión en la implementación de la política o hay un motivo oculto?