Paraguay está en la encrucijada. Sus legisladores acaban de proponer frenar temporalmente toda actividad de criptominería después de que las operaciones ilegales literalmente estén drenando la red eléctrica del país.
Lo que está pasando:
El proyecto de ley presentado el 4 de abril no anda con vueltas: busca prohibir por 180 días la instalación de granjas de minería, creación de criptomonedas, carteras y todo lo relacionado. Pero aquí viene lo interesante: solo sería temporal, hasta que el regulador energético nacional (ANDE) asegure que hay suficiente potencia para todos sin afectar a otros usuarios.
El problema real:
50 apagones en lo que va del año vinculados directamente a mineros ilegales que se conectan clandestinamente a la red en la región de Alto Paraná (donde está la represa Itaipú, la tercera más grande del mundo). Las pérdidas estimadas: hasta 60 millones de dólares anuales. Cada granja de minería causa daños por ~95,000 dólares.
La ironía: Paraguay tiene energía hidroeléctrica de sobra. El problema es que los mineros ilegales la están robando literalmente, sin regulación ni pago alguno.
Por qué importa:
Más allá del tema energético, ANDE argumenta que falta claridad legal: sin regulación, no hay protección al consumidor, crece el riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal. Paraguay casi aprueba un marco cripto en 2022, pero el entonces presidente Benítez lo vetó por miedo al consumo energético.
Ahora la pregunta es: ¿prohibición temporal o regulación definitiva? Si Paraguay lo hace bien, podría ser un modelo. Si falla, será otro país que cierra las puertas al cripto.
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Paraguay: ¿Prohibir o regularizar? El dilema de la minería cripto que está colapsando la red eléctrica
Paraguay está en la encrucijada. Sus legisladores acaban de proponer frenar temporalmente toda actividad de criptominería después de que las operaciones ilegales literalmente estén drenando la red eléctrica del país.
Lo que está pasando:
El proyecto de ley presentado el 4 de abril no anda con vueltas: busca prohibir por 180 días la instalación de granjas de minería, creación de criptomonedas, carteras y todo lo relacionado. Pero aquí viene lo interesante: solo sería temporal, hasta que el regulador energético nacional (ANDE) asegure que hay suficiente potencia para todos sin afectar a otros usuarios.
El problema real:
50 apagones en lo que va del año vinculados directamente a mineros ilegales que se conectan clandestinamente a la red en la región de Alto Paraná (donde está la represa Itaipú, la tercera más grande del mundo). Las pérdidas estimadas: hasta 60 millones de dólares anuales. Cada granja de minería causa daños por ~95,000 dólares.
La ironía: Paraguay tiene energía hidroeléctrica de sobra. El problema es que los mineros ilegales la están robando literalmente, sin regulación ni pago alguno.
Por qué importa:
Más allá del tema energético, ANDE argumenta que falta claridad legal: sin regulación, no hay protección al consumidor, crece el riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal. Paraguay casi aprueba un marco cripto en 2022, pero el entonces presidente Benítez lo vetó por miedo al consumo energético.
Ahora la pregunta es: ¿prohibición temporal o regulación definitiva? Si Paraguay lo hace bien, podría ser un modelo. Si falla, será otro país que cierra las puertas al cripto.