
El marco regulatorio de la SEC se origina en la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y supervisa la negociación de valores, protegiendo a los inversores mediante la aplicación de normas y la prevención del fraude. Con la llegada de los activos digitales, la SEC aplicó el test de Howey para clasificar las criptomonedas, evaluando si los activos son contratos de inversión basados en expectativas de beneficio generadas por terceros. Este método aportó claridad normativa, aunque generó controversia sobre la clasificación de los tokens.
De 2017 a 2024, la SEC mantuvo un enfoque centrado en la aplicación de la normativa. En febrero de 2022, actuó contra BlockFi Lending LLC por operar productos de préstamos de criptomonedas sin registro. En junio de 2023, la SEC emprendió acciones legales alegando que las principales plataformas infringieron la normativa de valores al no registrarse como corredores y mercados, lo que reflejó una postura regulatoria más firme.
Sin embargo, 2025 supuso un giro regulatorio relevante. En enero de 2025, la SEC disolvió su anterior unidad de cumplimiento cripto y creó un Grupo de Trabajo específico dirigido por la comisionada Hester Peirce, marcando la transición de la aplicación punitiva hacia una elaboración normativa estructurada. Este cambio reflejó nuevas prioridades administrativas, con la desestimación de casi todos los casos pendientes de la administración anterior. El 17 de diciembre de 2025, la División de Negociación y Mercados de la SEC publicó una guía que exige a los intermediarios mantener la posesión exclusiva de valores cripto controlando las claves privadas, estableciendo por primera vez expectativas operativas formales. Además, el 1 de julio de 2025, el personal de la SEC publicó una guía detallada sobre los requisitos de divulgación para emisores de productos cotizados de activos cripto. Estos avances evidencian la evolución del marco, que pasa de la regulación centrada en la sanción a una orientación constructiva que promueve el cumplimiento y la protección al inversor.
Los exchanges de criptomonedas que implementan controles KYC/AML afrontan retos financieros y operativos considerables en 2025. Las empresas medianas experimentaron un aumento del 28 % en los gastos de cumplimiento, con un coste anual medio de 620 000 $ para mantener la conformidad regulatoria. Estos gastos reflejan la creciente complejidad de los requisitos normativos en múltiples jurisdicciones, especialmente cuando las autoridades globales endurecen la supervisión tras casos destacados como la multa de 100 millones de dólares por infracciones de AML.
La Travel Rule plantea un desafío crítico, ya que exige a los proveedores de servicios de activos virtuales compartir información del ordenante y beneficiario en transacciones superiores a 1 000 $. Esta obligación, vigente en el 73 % de las jurisdicciones a escala mundial, requiere una infraestructura avanzada capaz de transmitir datos KYC de forma segura entre entidades obligadas y mantener la velocidad de las operaciones. Los responsables de cumplimiento deben abordar requisitos escalados como la Diligencia Debida del Cliente (CDD) para verificaciones estándar y la Diligencia Debida Reforzada (EDD) para clientes de mayor riesgo, lo que exige una importante inversión tecnológica.
El impacto operacional afecta la incorporación de clientes, la gestión de retiradas y la monitorización continua de transacciones. Los exchanges deben implementar sistemas de alertas basados en reglas y comportamientos, integrados con análisis blockchain para detectar actividades sospechosas en tiempo real. Estos requisitos de automatización, imprescindibles para el cumplimiento regulatorio, exigen asignaciones significativas de capital para personal, infraestructura y servicios de proveedores externos. El riesgo de incumplimiento sigue siendo grave, ya que los reguladores intensifican las acciones contra exchanges que no aplican programas AML sólidos basados en riesgos, convirtiendo estas inversiones en obligatorias para los actores del sector.
La brecha de transparencia en auditorías de las instituciones financieras ha sido históricamente un reto para la estabilidad del mercado y la credibilidad institucional. Las acciones regulatorias constituyen mecanismos esenciales para reducir dicha brecha y fortalecer los marcos de responsabilidad. Las recientes acciones de la CFPB contra proveedores fintech por deficiencias en la gestión de registros muestran cómo los reguladores abordan la falta de transparencia desde su origen. Del mismo modo, los acuerdos formales de la OCC con Generations Bank y Maple City Savings Bank se centraron en prácticas inseguras de supervisión, planificación estratégica y auditoría interna. Estas intervenciones mejoran directamente la calidad de la información al establecer estándares de cumplimiento y gobernanza más estrictos. La confianza del mercado está directamente relacionada con los registros de cumplimiento y los niveles de transparencia en auditoría de las instituciones. Cuando los organismos reguladores mantienen una actividad constante de supervisión, la confianza de los inversores aumenta al saber que existen mecanismos adecuados de control. El Integrity and Accountability Governance Framework (IAGF) representa un enfoque estratégico para abordar estas brechas mediante estándares de gobernanza sectoriales. La evidencia muestra que las entidades sujetas a acuerdos formales mejoraron sus controles internos y auditorías. Esta mejora medible en responsabilidad institucional refuerza la confianza de los participantes en que los mecanismos regulatorios protegen sus intereses y garantizan prácticas de reporte financiero transparentes en el sector.
El mercado de criptomonedas enfrenta grandes desafíos de cumplimiento que debilitan la eficacia de los sistemas de supervisión. Los datos actuales revelan que el 48 % de los exchanges no realizan controles KYC adecuados, lo que expone al sector a sanciones regulatorias y riesgos sistémicos significativos. El informe de la FATF de 2025 evidencia esta fragmentación: solo 40 de 138 jurisdicciones alcanzan el estado de "mayormente conforme" con los estándares internacionales para cripto. Esta disparidad regulatoria crea oportunidades de arbitraje y reduce la integridad del ecosistema.
Los mecanismos de aplicación regulatoria muestran lagunas preocupantes en su efectividad. Las instituciones financieras globales afrontaron sanciones regulatorias por valor de 1,23 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025, un aumento del 417 % respecto al año anterior. Sin embargo, los sistemas de supervisión siguen siendo reactivos en vez de proactivos. El informe del Financial Stability Oversight Council de 2025 eliminó los activos digitales de su evaluación de vulnerabilidades, lo que genera dudas sobre el enfoque regulatorio frente a riesgos sistémicos críticos. Estas contradicciones entre la intensidad sancionadora y el reconocimiento formal del riesgo indican que los marcos de supervisión actuales luchan por mantener estándares coherentes. Para plataformas como gate, una infraestructura de cumplimiento robusta representa una ventaja competitiva y permite a los usuarios interactuar con confianza en el ecosistema cripto ante una dinámica regulatoria compleja.
WeFi es una plataforma bancaria descentralizada basada en blockchain que combina la flexibilidad de las criptomonedas con servicios financieros tradicionales, ofreciendo tarjetas tipo Visa y herramientas bancarias para una integración fluida entre cripto y fiat.
WFI coin es un token del ecosistema WeFi que ofrece servicios financieros integrados, como monederos de custodia y autocustodia, tarjetas colateralizadas con cripto y distintas actividades financieras en la plataforma.
Puedes adquirir WFI creando una cuenta en un exchange compatible, depositando tu moneda preferida y operando para obtener los tokens WFI. Entre las opciones más populares figuran los principales exchanges de criptomonedas que listan WFI. Guarda tus tokens WFI de forma segura en tu monedero tras la compra.
El precio actual de WFI es de 2,62 $, con un volumen de negociación en 24 horas de 3,05 millones de dólares. Datos actualizados al 21 de diciembre de 2025.
WFI tiene una oferta circulante de 76,42 millones de tokens y una capitalización de mercado total de 197,71 millones de dólares, lo que refleja una sólida adopción y la confianza de los inversores en el ecosistema WeFi.









